España es el país de la UE con una mayor diversidad biológica,
la nación con más especies y diferentes tipos de espacios
naturales. Sin embargo, la política ambiental española
-más allá de algunas cosas positivas- no está a
la altura de esa realidad. Basta ver el nivel de conocimientos y vocación
por estos temas de los que suelen ser nombrados Ministros o Consejeros
del ramo (personas que trabajaron para la Junta de Energía Nuclear,
personajes muy ligados a la defensa de intereses urbanísticos,
economistas con nula experiencia e interés en estos temas...
). La Administración española ha hecho un notable esfuerzo
estos años por desmantelar muchos de los mecanismos que garantizaban
una mínima protección del entorno, como algunos que figuraban
en la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley del
Suelo o la Ley de Costas..
Desastres: de las montañas a las costas y los ríos
En este último sentido, por ejemplo, las costas nacionales
están sufriendo una presión urbanística que parece
recordar a la de los peores momentos del desarrollismo de los años
60 ó 70, en zonas como la Costa del Sol, o la costa murciana
o levantina, por no hablar de algunas áreas de Canarias. En demasiados
casos la figura de alcaldes-constructores o la sombra de la simple y
llana corrupción se cierne sobre muchos proyectos. Y si eso pasa
al nivel del mar, algo parecido sucede en las montañas, como
en el Pirineo, donde hay planes delirantes de ampliar las estaciones
de esquí. Sobre los ríos españoles gravita la amenaza
del Plan Hidrológico diseñado a beneficio de las grandes
empresas constructoras e hidroeléctricas. Los padres del PHN
son hombres como Benigno Blanco, Director de los Servicios Jurídicos
de Iberdrola que fue nombrado Secretario de Estado de Aguas, o como
Carlos Escartín que tras dejar su cargo de Director General de
Obras Hidráulicas fue contratado por la constructora ACS, adjudicataria,
entre otros, del principal embalse del PHN, el recrecimiento del embalse
de Yesa. El trasvase del Ebro, cuestionado por la comunidad científica
al igual que la mayoría de las obras del PHN, reportaría
enormes beneficios a Iberdrola y produciría unos colosales daños
ambientales y económicos a la nación.
El drama de los incendios
Los incendios forestales siguen siendo un grave problema, en buena
medida porque no existe interés político en investigar
los grandes intereses económicos que se mueven tras las llamas
y que tienen mucho que ver con un alto porcentaje de los fuegos (en
especial de los intencionados). En España se invierte un 75%
en extinción de incendios y sólo un 25% en prevención,
lo que consolida la existencia de toda una industria que vive de la
existencia de los incendios. Este esquema evidencia un vicio que es
generalizable a toda la política ambiental española, y
es que prefiere vivirse del problema a hacerlo de la solución.
Sobre el agua y los residuos
Sucede también con la política del agua, donde en lugar
de actuar contra el despilfarro del líquido elemento, prefiere
tolerarse su existencia a fin de usarla como coartada para promover
más y más obras y sucede, por supuesto, con otras cosas,
como la política de residuos. En lugar de impedir en origen la
generación de residuos tóxicos, se ha optado por incrementar
de año en año su producción, mientras florecen
las empresas que viven de “gestionarlos” bien sea enterrándolos
en instalaciones con dudosas garantías o incinerarlos (a lo que
se están sumando cada vez de forma más clara incluso las
empresas cementeras, con serio peligro para la salud de las personas).
Pero la generación anual de millones de toneladas de residuos
tóxicos y peligrosos, al igual que sucede con la de residuos
sólidos urbanos, se ha convertido en sí mismo en algo
beneficioso para ciertos sectores. Igualmente sucede con el despilfarro
energético, que en España es impresionante, sin que se
haya actuado oficialmente de forma seria para reducir las ineficiencias
y excesos innecesarios de consumo, mientras se promueven proyectos de
construcción de decenas de nuevas centrales térmicas,
que juntamente a otras causas, están consiguiendo que España
sea el país líder de la UE en cuanto a la violación
de los objetivos del protocolo de Kioto para luchar contra el cada vez
más alarmante cambio climático.
Las otras energías
Al mismo tiempo, con la excepción acaso de la energía
eólica, tipo de energía en la que España es una
potencia mundial (a veces, todo hay que decirlo, a costa de cargarse
innecesariamente paisajes que no debieran haber sido seleccionados para
ello) se ha zancadilleado a las energías renovables. ¿Por
qué España tiene menos desarrollada la energía
solar que Alemania o Reino Unido? ¿Acaso tenemos menos sol? Mientras,
se mantiene un parque nuclear, cuyos problemas de seguridad son alarmantes.
Pero las eléctricas, en lugar de cambiar realmente, prefieren
lanzarse a campañas sobre supuesta “energía verde”
en los medios de comunicación (que luego son denunciadas por
su posible carácter fraudulento).
La polución tóxica
La situación generada, en otro orden de cosas, por la polución
derivada del empleo de substancias tóxicas, sea por vertidos
o emisiones industriales o por su empleo en sectores como el agrícola
(por ejemplo, los dichosos pesticidas) está teniendo consecuencias
con demasiada frecuencia silenciadas. Basta ver casos como el del exceso
de cáncer que hay en ciertas zonas como en Huelva, con su potente
industria, o de lo que puede estar sucediendo con el cáncer de
mama (que recientes investigaciones nacionales vinculan a la presencia
de determinados pesticidas).
¿Por qué no se documentan un poco sobre la presencia
de numerosos venenos cancerígenos o destructores del equilibrio
hormonal en la leche materna? ¿Han leído algo sobre cómo
la cantidad de espermatozoides de la población masculina occidental
ha caído a la mitad desde los años 40, y la posible relación
de esto con ciertas substancias?
Mientras, la agricultura española sigue usando decenas de miles
de toneladas de tóxicos que envenenan suelos, aguas subterráneas,
ríos y mares además de, por supuesto, alimentos. El establecimiento
de límites “legales” no parece tener mucho que ver
con el carácter bioacumulativo de estas substancias ni con sus
efectos no letales a corto plazo, pero no sabemos si a medio o largo.
Los expertos denuncian que prácticamente no hay un español
que no tenga en sus tejidos presencia de determinados tóxicos
que van desde las dioxinas a los PCB,s. Mientras, la política
oficial es la de minimizar, como se hizo con las consecuencias del vertido
de Doñana, donde miles de hectáreas prosiguen (y así
estarán por mucho tiempo) con altos contenidos de, entre otras
cosas, arsénico. Política que beneficia por supuesto a
los causantes de los desmanes que, gracias también a una Justicia
que prefiere ser fuerte con el débil y débil con el fuerte,
suelen irse de rositas.
La Justicia española, acusada de tener un doble rasero, es responsable
también de mucho de lo que pasa. Cuando hay algún Fiscal
que se toma en serio estas cosas, como pueda ser el Fiscal de Medio
Ambiente de Madrid, en seguida se desatan todo tipo de intentos de neutralizarlo.
Es más fácil condenar a alguien por matar un lagarto que
por envenenar miles de hectáreas con un vertido de millones de
toneladas. Especialmente preocupante son cosas como la escasa ayuda
que se da en España al desarrollo de la agricultura biológica
y, por el contrario, el desmedido apoyo que se da a los alimentos transgénicos,
a pesar de que la mayoría de la población española
es contraria a éstos y firme partidaria de una alimentación
cada vez más sana y natural. Ni siquiera cosas como lo del Prestige
parece que vayan a hacer reflexionar demasiado a nuestros políticos,
sobre todo después de ver que (gracias sobre todo a haberse gastado
cantidades ingentes de dinero público en contentar, aunque sea
temporalmente a los afectados más directos) no han tenido consecuencias
electorales demasiado fuertes.
Pese a cosas como las dichas, es evidente que un alto porcentaje de
la población española percibe de modo cada vez más
claro que los temas ecológicos son extraordinariamente importantes,
mucho más serios de lo que los políticos (ocupados al
parecer en otras cosas) parecen sugerir. Y piensa así la población
a pesar de que cada vez es más difícil que les llegue
una información veraz a consecuencia de la cada vez menor libertad
existente en los medios de comunicación, duramente controlados
(al igual que los políticos) por los poderes económicos.
La gente sabe que la situación ambiental de España no
es tan maravillosa como algunos quieren pintarla. Por ejemplo, cuando
escucharon a un ministro decir que las playas de Galicia afectadas por
una marea negra estaban “esplendorosas”, ya sabían
de qué forma estaban y de la misma manera, más allá
de lo que se les quiera decir sobre los transgénicos, sobre la
energía nuclear, sobre el Plan Hidrológico, o sobre otras
cosas, muchos españoles tienen una idea formada que no es precisamente
que ecológicamente estemos en el país de las maravillas.
Pero el pesimismo no es la solución, sino, antes al contrario,
la búsqueda de canales complementarios de información,
y el paso a la acción en la medida de cada uno, que puede ir
desde el no comprar aquello que se sabe contribuye a destruir la naturaleza
a, por ejemplo, militar en Greenpeace. Las formas posibles de actuar
son muchas. Pero es evidente que ante el creciente deterioro, así
como ante la creciente manipulación que pretende ocultárnoslo,
hay que hacer algo. La naturaleza de España y el futuro de nuestros
hijos y nietos así lo requieren.