La
Constitución actual cumple veinticinco años, la edad en
la que se reconoce a toda persona la plenitud de sus facultades. El
frontispicio de su preámbulo anunciaba establecer la justicia,
la libertad, la seguridad, promover el bien, garantizar la convivencia
democrática, el imperio de la ley, la protección de los
derechos humanos y la garantía de una sociedad democrática
avanzada.
La materia estricta de toda
constitución es su forma de gobierno y su forma de Estado. Respecto
a las libertades podría bastar con las reconocidas en los tratados
internacionales o, si se quiere, dándole carácter constitucional
a una ley orgánica que los reconociese en su máxima extensión
y garantía. En esa materia, una simple ojeada por elemental que
sea, puede observar un balance negativo en España con la Constitución
actual. Es mera retórica la justicia, como reconoce la inmensa
mayoría de los ciudadanos. Sin ella, la libertad y la seguridad
son una simple mención obscena, un sarcasmo. El “imperio
de la ley” sin justicia es mera aberración, máxime
cuando tal imperio se manifiesta conculcando frontalmente la Constitución
sin proceder a su previa reforma (baste el ejemplo del art. 30). Se
podrían citar otros ejemplos escándalos y escabrosos.
Balance de 25 años
La forma de gobierno -cómo se llega al poder, cómo se
abandona y la distribución de los poderes- materia central de
toda constitución arroja un balance negativo. El parlamentarismo
sobre base proporcional niega toda posibilidad de democracia. De entrada
es un falso parlamentarismo, porque las decisiones se toman fuera de
él –léase Cortes- por los líderes de los
partidos y se transmiten a las Cámaras sin libertad ni independencia
de los llamados representantes de forma cuartelaria por el mando del
jefe (los escándalos han sido muy evidentes). Ha provocado situaciones
hilarantes en las que los partidos minoritarios han ejercido el chantaje
político más rudo y opaco bajo el amparo del secreto y
la complicidad en el fraude. Están al alcance de cualquiera la
tremenda y apabullante relación, sea respecto al Gobierno, a
los ejecutivos de las Comunidades Autónomas o en los Ayuntamientos.
Veinticinco años de experiencia nos alumbran. Siempre bajo la
falaz, falsa y falsaria invocación a la estabilidad de gobierno,
a sabiendas que es la propia norma constitucional que se celebra la
directa provocadora de los males que presenciamos en Madrid, Marbella,
Vigo o Cataluña. Pactos contra natura, negación de la
voluntad popular expresada en unas elecciones, secretos, marrullerías
todas, suciedad y corrupción, mentiras y piadosas justificaciones.
Todo en loa a la negación de que sea el pueblo quien elige su
gobierno en graciosa y antidemocrática cesión de la libertad
política a los líderes de los partidos en una Cámara,
los verdaderos soberanos secuestradores y negadores de la voluntad popular.
El balance de la forma de Estado es un magnífico correlato
de la negativa forma de gobierno. Veinticinco años del llamado
Estado de las Autonomías –cuya denominación no puede
ser más expresiva- ha sido una construcción laboriosa
que no ha podido, al momento presente, ofrecer más claro fracaso.
Organizado para complacer las apetencias de vascos y catalanes. Al día
de hoy se puede observar cómo el marco constitucional y estatutario
les parece insuficiente. Y no se puede decir que hayan ejercido el engaño
sobre sus pretensiones porque es connatural con el nacionalismo aspirar
a tener un Estado propio. Lo habían exhibido con toda claridad
a comienzos de siglo –en 1915 el esquema evolutivo de sus pretensiones
fue reconocido-. Los Estatutos de la II República fueron superados
hasta las consecuencias actuales. Los nacionalistas, aunque no guste,
son coherentes y no pueden engañar. Engañan quienes invocan
y denuncian la falta de libertad en el País Vasco, teniendo en
sus manos los instrumentos legales que tiene a su alcance quien gobierna.
El llamado Plan Ibarretxe es un simple paso más en la lógica
escalada del nacionalismo del PNV –esperada y proclamada-. Otro
peldaño en la escalera, que con su invocación y proyecto
saben que acabará con una negociación en la que alcancen
una mayor autonomía –esa es su experiencia innegable-.
Siempre que las muestras de nerviosismo, falta de solidez, improvisación
e incapacidad no lleve a Arzalluz a tentar la suerte de un nuevo 34,
aunque haya reconocido que aquella experiencia no llegaría a
provocarse.
La Constitución abierta, cuyas virtudes se invocan, propicia
una y otra vez las tensiones en la distribución territorial del
poder. El artículo 150.2 de la Constitución es todo un
monumento al frenesí del trasiego de las apetencias nacionalistas.
La Constitución lo que verdaderamente garantiza es mantenimiento
de la apertura del permanente proceso de negociación de competencias
con las Comunidades Autónomas. Para mejor muestra de llegar a
hacer realidad que el Estado de las Autonomías sea como su nombre
indique propiedad soberana de las Autonomías.
Constitución y Reforma
Frente al nuevo envite de los partidos nacionalistas se muestran medidas
propias de monaguillos llorosos que no poseen la calidad, la entidad
y la lógica democrática –ni aun liberal alumbrada
hace tres siglos en Gran Bretaña- que se niegan al debate y pretenden
resolver por la puerta trasera de la reforma de un Código Penal
–ley orgánica- en su tramite parlamentario en el Senado,
como hiciese hace años otro gobierno recortando los poderes del
juez en una ley de segundo orden en el Senado. O recurriendo al Tribunal
Constitucional un simple proyecto, sin haber sido debatido ni aprobado.
Sin contemplar siquiera que todo proyecto de Estatuto, aunque su aprobación
supusiese cambiar toda la Constitución puede ser debatido siempre
que antes de su aprobación el Pleno del Congreso acordase la
paralización del debate a expensas del resultado de una reforma
constitucional por el art. 168. Increíble pero cierto. El proyecto
pretende la ruptura de la unidad nacional, bajo la falacia de una vinculación
simbólica con la Corona, un nexo con una simple monarquía
parlamentaria en la que el rey no ejerce ningún poder por encima
de las disposiciones de su casa. Los conflictos en la forma de Estado
son constantes porque no pueden compatibilizarse principios contrarios,
sean sobre las pensiones, la sanidad o cualquier otro aspecto.
La Constitución es la causa de la conexión de la forma
de gobierno con la forma de Estado que trae estos problemas fundamentales.
Los nacionalistas lo saben bien. Basta esperar la presión de
los gobiernos de las comunidades autónomas con partidos nacionalistas
sobre un gobierno de la nación que se vea en la necesidad de
contar con su apoyo. Puede ser 2004, o cualquier otro momento favorable
en que sea preciso el concurso del apoyo nacionalista. La misma Constitución
que garantiza la apertura del proceso sin cierre, permanente, lleva
en su propio seno el imparable motor de la crisis y para tratar de evitarla
o demorarla todo tipo de corrupciones y escándalos.
Quizá el lector con una cierta cultura pueda pensar que para
cada uno de los problemas aquí sólo mencionados se conocen
desde antiguos soluciones probadas con éxito, como la división
de poderes, los distritos electorales, la independencia de los tribunales,
la distribución tasada de competencias, el poder constituyente,
la reforma de la Constitución. Pero las consecuencias serían
nefastas a quienes dirigen los partidos y para los cuales supondría
acabar con el control ejercido sobre el cuartel. Antes se harían
el haraquiri. El panorama es expresivo: unos invocan la idiotez del
patriotismo constitucional, otros reformas de mínimos para el
Senado –lo que es obvio desde hace años y sin que se sepa
cuál sería la propuesta concreta- la igualdad de las mujeres
en la descendencia del rey, pero para aplicarla al futurible de la prole
del príncipe actual.
¿Qué le resta al ciudadano?
El mismo tratamiento que tuvo en la transición, esperar que
decidan los soberanos, o amos del cortijo, decir sí, amén.
Sin embargo los problemas persisten. La falta de legitimidad constitucional
sin proceso constituyente sigue proyectando su sombra imborrable por
más retórica propagandística que usen. Tan abierta
como la Constitución está su problemática. El combinado
de la forma de gobierno del parlamentarismo proporcional, la forma de
Estado autonómica como se halla en la actualidad, el consenso
y la monarquía parlamentaria que sirve de excusa para que los
nacionalismos pueden alumbrar proyectos de ruptura de la unidad nacional
bajo el ropaje de una confederación de Estados bajo un cetro
sin poder reliquia del pasado, son los anclajes consecuentes que explican
nuestra realidad bajo la joven perversa Constitución actual.
No se podrá objetar que existe compatibilidad entre sus anclajes.
Los anclajes son contrarios a la democracia y al poder constituyente
sustraído a los españoles, como inevitables son los problemas
que acarrean. Hay que reconocer sus demoledores efectos, como dijese
Tocqueville: “Una de las debilidades más comunes de la
inteligencia humana, es la de querer conciliar principios contrarios
y conseguir la paz a expensas de la lógica”. Gracián,
asimismo, había advertido que “en errando los principios
todas las conclusiones son falsas”. La evidencia misma. Las palabras
de Aristóteles tienen vigencia plena: “A partir de un principio
inicial erróneo es imposible no ir a dar al final a algún
mal”.